OBSERVATORIO POLÍTICO NACIONAL. OPN-UAGRM
Reseña del foro:
Análisis y Propuestas para la Reforma de la Justicia en Bolivia
“Queremos una justicia transparente, queremos una independencia de poderes, queremos que el ciudadano se sienta seguro, que cuando acuda a un administrador de justicia, sepa que van a ser tutelados sus derechos y garantías constitucionales”, con esas palabras el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, inauguró el Foro, Análisis y Propuestas para la Reforma de la Justicia en Bolivia, llevado a cabo el miércoles 29 de marzo en instalaciones de INEGAS. El evento fue transmitido en señal abierta por el canal universitario y en las redes sociales del Observatorio Político Nacional, OPN-UAGRM.
El foro contó con la participación de los siguientes panelistas: José Luis Santistevan, asesor del Rectorado de la UAGRM; Alfredo Figueroa, abogado constitucionalista del departamento de Beni; Carlos Borth, ex diputado nacional y abogado constitucionalista; José Antonio Rivera, representante del Grupo de Juristas independientes que lleva adelante la iniciativa de recolección de firmas para el referéndum por la Reforma Judicial, además de los comentarios de Carlos Hugo Molina y Eliana Roca, miembros del Observatorio Político Nacional.
Es importante señalar que el pasado 10 de marzo la UAGRM presentó una propuesta a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que las universidades participen en la evaluación de méritos y conocimientos para la preselección de los candidatos a altas autoridades judiciales, sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el legislativo. Ante ello, el Rector Vicente Cuellar, anunció la reactivación del Comité Interinstitucional para observar y alertar a la población sobre las actividades del proceso de elección de magistrados.
El asesor jurídico del rectorado, el Dr. José Luis Santistevan, indagó sobre la falta de legitimidad que ocasiona la electoralización de los magistrados. Citando datos, Santistevan asegura que los magistrados actuales carecen de legitimidad al ser elegidos por un bajo porcentaje de la población: “En la ultima elección del 2017, casi el 16 votó en blanco y el 51 votó nulo. Es decir que dos tercios rechazaron esas listas, pero la nomenclatura del procedimiento indica que es por mayoría simple, entonces se establecieron estas autoridades sin legitimidad”
En la misma línea y desde una perspectiva más crítica, el jurista beniano Alfredo Figueroa, plantea que la justicia boliviana se encuentra atrapada en un sistema corrupto de doble tuerca: “La tuerca de arriba que es el sistema político que se encarga de esclavizar jueces y les garantiza impunidad, ascenso en sus cargos y protección; y la tuerca de abajo, que es la de los jueces -que ya utilizados y prostituidos- estructuran organizaciones criminales encargadas de sacarle dinero a la gente que llega a los tribunales […] El sistema de la doble tuerca es terrible: arriba aprietan los políticos y abajo aprietan los jueces que ya están corrompidos.
En su intervención, Figueroa reconoció la labor de la universidad pública en las luchas por un censo oportuno y transparente, al tiempo que planteó una resistencia civil pacífica y propositiva para proponer un nuevo tipo de Estado que proteja los derechos y garantías constitucionales.
El tercer panelista fue el Dr. Carlos Borth, quién detalló tres grandes obstáculos para una reforma real de la justicia en el país: “El primer obstáculo es el de las firmas, que deberían ser como 1,7 millones de firmas -porque existe la amenaza de que anulen 100 mil firmas por declararlas ilegitimas-; El segundo es que el Tribunal Constitucional tendrá que dictaminar si la reforma del órgano judicial es materia de reforma parcial, o tratándose de un órgano de poder, corresponde a una reforma esencial, que es materia de una asamblea constituyente; El tercer obstáculo es que como las preguntas no han identificado el texto que se estaría aprobando en caso de llegar al referendo, lamentablemente el texto final de la CPE reformada con el respaldo del referendo, tendría que salir de la Asamblea Legislativa con todo lo que esto implica (mayoría del oficialismo)”.
El Dr. Borth concluyó su intervención señalando que ha llegado la hora de discutir en serio el Estado Federal: “porque del Estado Autonómico al Estado Federal, solo es el paso para descentralizar la justicia”
Posteriormente, el Dr. José Antonio Rivera ofreció alarmantes datos del estado de la justicia en el país, dando cuenta de la urgente necesidad de una reforma profunda, como reza en la propuesta del grupo de juristas independientes. En sus palabras: “De 339 municipios que cuenta Bolivia, apenas 180 cuentan con juzgados. Además de ello, dos tercios de la población no accede a los servicios judiciales para resolver sus conflictos y problemas de menor cuantía, debido a los altos costos para acceder al servicio judicial y la demora en el tiempo para resolver, y finalmente, hay que añadir la mala calidad del servicio; jueces que no respetan, no resguardan, ni protegen los DDHH. De cada 100 amparos constitucionales, 68 son contra decisiones judiciales. Esto nos muestra que donde más se violan los DDHH es en el sistema judicial”
Su intervención estuvo centrada en demostrar la falta de acceso a la justicia en el país, la parcialidad política del poder judicial, la falta de formación jurídica en las universidades bolivianas, en suma, un conjunto de problemas estructurales que afecta la administración de justicia.
Finalmente, los abogados Eliana Roca y Carlos Hugo Molina, estuvieron a cargo de las conclusiones del evento. La Dra. Roca, de manera sucinta recogió los principales aportes de los panelistas, haciendo énfasis en el distanciamiento que existe entre las leyes promulgadas y la realidad jurídica. Ante esto, planteó que es importante salir de esa cultura pleitista, de litigio, para entrar en una justicia de paz y restauradora que tenga como principio el velar por los DDHH.
Por su parte, Carlos Hugo Molina reflexionó sobre la legitimidad del derecho: “Cuando en filosofía del derecho se tiene que apelar a la legitimidad, es porque se acabó la credibilidad en los aparatos. Y aquí (en el evento) no se ha escuchado más que apelar a la legitimidad, porque ya perdimos la batalla de la legalidad”. Además, expresó su preocupación sobre la violencia en el país, que le está ganando a la justicia: “Bolivia es el país que tiene la sociedad más violenta en América Latina, y no lo decimos. Si solo hay jueces en 180 de 349 municipios, le aumento que en 256 no existen médicos forenses, entonces la violencia contra la mujer no tiene opción de resolverse en el 70 del territorio nacional”.
Con estas preocupaciones, se dio por concluido el evento, en el que se reafirmó la importancia de generar estos espacios de vínculo entre expertos y ciudadanía para debatir sobre la necesaria reforma judicial en el país. La tarea es compleja y desafiante, y requiere más que nunca la participación activa de la sociedad civil y de diferentes sectores involucrados. Como se lo evidenció en las intervenciones, los argumentos sobran, pero también comienzan con la necesidad de generar mayor independencia y transparencia en los procesos de elección de jueces y fiscales.
