¿En qué situación se encuentra la elección judicial en la Asamblea?
Es importante analizar todo el contexto en esta situación. El proyecto de Ley 144, se aprobó en la Comisión de Constitución y fue remitida al pleno del Senado el 2 de agosto, pero no se consideró hasta fines del mismo mes. En este proyecto amputaron muchos aspectos que fueron aprobados en la Comisión. Entre los puntos más importantes que sacaron, fue la evaluación de los candidatos, porque en ese momento lo importante era viabilizar el proceso de preselección.
Posteriormente. La Cámara de Diputados remitió en consulta a varias instituciones del Estado, entre ellos al Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y este envió en consulta al Tribunal Constitucional, pues a su criterio, el proyecto era inconstitucional. Esto fue admitido por el Tribunal Constitucional y tiene 45 días para emitir una sentencia, con esto se paralizó el proceso de selección.
Conscientes de eso, nosotros revisamos el anterior proyecto de Ley 133 -que quedó congelado porque ya había sido aprobado el 144- y realizamos modificaciones y aprobamos ayer (martes 24 de octubre) en la comisión de Constitución, y esperamos que se trate pronto en el Senado para hacer frente al proceso de elecciones, con ello dejaríamos de lado el proyecto 144.
Teniendo en cuenta que el 8 de noviembre cambia la legislatura y los magistrados cumplen funciones hasta el 31 de diciembre, ¿alcanza el tiempo para finalizar la preselección y convocar a elecciones?
La única alternativa que tenemos es hacer la preselección en la Asamblea, el Órgano Electoral tiene que convocar a elecciones y los ciudadanos elegir. No existe ninguna posibilidad de ampliar el mandato de los actuales magistrados, ni tampoco elegir a personas por muy notables que sean. No existe esa posibilidad. Eso estaría vulnerando el Estado de Derecho. Estaríamos entrando a una concentración de poderes, lo que de ninguna manera se puede hacer en un gobierno democrático, hacer eso sería un quiebre en el proceso democrático. Esa posibilidad está descartada.
Es evidente que los plazos nos han superado. Es importante aprobar este nuevo proyecto de Ley -el 133- para que alcancen los plazos.
En este proyecto estamos modificando varios artículos de la Ley del Órgano Electoral, para que al OEP le sea más fácil trabajar en este proceso, y darle un poco más de tiempo.
Aún así no va poder ser este año sino el próximo, esperemos a fines de enero del 2024.
¿Cuál es su lectura política de este empantamiento de las elecciones judiciales?
No hubo voluntad política para que este proceso se realice. Ha habido una conjura de varios miembros de la Asamblea Legislativa, en concomitancia con las actuales autoridades, sobre todo del Tribunal Constitucional. Yo creo que lo que debió haberse hecho en el mes de junio es llegar a acuerdos.
Le remití una carta al Presidente diciéndole que convoque a todas las fuerzas políticas para llegar a un gran acuerdo para viabilizar las elecciones, de igual forma visité dos veces al Presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, para decirles que se venía un gravísimo problema, que tenía que haber un consenso, pero lastimosamente no escucharon los criterios.
Para mi no existe ninguna posibilidad de poder dar otra solución que el Órgano Electoral convoque a las elecciones.