En los últimos días la Asamblea Legislativa fue el escenario de atención política debido a cuatro proyectos de ley que fueron presentados -de los cuales uno fue retirado-, y que generaron grados de conflictividad y presión desde los sectores afectados, que argumentan que las leyes atentan directamente contra de la libertad de expresión y las libertades económicas. Estos proyectos de ley pueden ser resumidos de la siguiente manera:
Libertad de expresión
Paquete económico
A continuación, el OPN – UAGRM brinda una análisis del contexto parlamentario, así también un breve análisis de los proyectos referidos
Las “leyes mordazas”Denominadas así por un sector de la prensa en el país, tienen la finalidad de regular el contenido de las redes sociales y de los contenidos periodísticos que se generan.
Presentado el 02 de marzo por el diputado Juan José Huanca, tenía por objeto regular y sancionar el uso indebido de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Whats App, Youtube y medios similares que atenten contra la integridad, moral, psicológica, ofensas, difamaciones, calumnias, que menoscaben la dignidad, honorabilidad de toda persona natural y jurídica, ya sea a través de cuentas creadas, falsas o hackeados…(Artículo 1)
Adicionalmente, en sus Artículos 8 y 9 el proyecto pretendía incorporar sanciones de delitos al Código Penal, con la privación de libertad de 5 a 7 años de cárcel por el “uso inadecuado de las redes sociales”. Estos artículos -de acuerdo a sectores de la prensa-, suponen una grave violación a la libertad de expresión y la ley de imprenta, establecidas en la legislación vigente.
Ante ello, las asociaciones de periodistas y comunicadores independientes protestaron en las principales capitales del país expresando su rechazo a la medida, esto generó que el diputado proyectista Juan José Huanca retire el PL – 304, el día 12 de abril.
Es importante recordar que desde el año 2012 el oficialismo intenta regular el contenido de las redes sociales, y con el retiro del PL-304 fracasa por quinta vez en dicho cometido. Los anteriores intentos fueron realizados en los años 2012, 2016, 2018 y 2020.
· EL PL – 305.- Ley de cumplimiento de compromisos internacionales en Materia de Derechos Humanos (Continua en marcha)Los comunicadores mantienen el estado de alerta pues consideran que el PL – 305, también atenta contra la libertad de expresión y exigen que se retire el artículo modificatorio del Artículo 281 del Código Penal, que establece lo siguiente:
“Artículo 281 septies. (DIFUSIÓN O INCITACIÓN AL RACISMO O A LA DISCRIMINACIÓN).
I. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres (3) a siete (7) años la persona que por cualquier medio:
a) Difunda ideas basadas en la superioridad racial;
b) Promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación;
c) Pronuncie o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios;
d) Incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas racistas o discriminatorios;
II. La sanción será agravada en un tercio en el mínimo y en una mitad en el máximo, e inhabilitación de uno (1) a tres (3) años, cuando el hecho sea cometido por una servidora o servidor público, cualquiera sea su rango o jerarquía.
III. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”
Luego de la socialización del proyecto entre el legislativo y el ejecutivo, el Ministro Iván Lima ha dejado abierta la posibilidad de que sea la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, la que evalúe y decida si se mantiene o no el artículo en controversia. Así también, ha argumentado que este proyecto corresponde a compromisos internacionales asumidos por el Estado Plurinacional en materia de DDHH.
Sobre el paquete económico:
· PL – 280. Ley de Fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
El Proyecto de Ganancias Ilícitas moviliza a los sectores
En el año 2019 fue la primera vez que se intentó poner en vigencia esta medida, lo que provocó que diversos sectores sociales se declaren en emergencia, y como consecuencia de ello, el conflicto escaló en un paro de 19 días en Santa Cruz, medida de presión que fue apoyada en su mayoría por el sector informal del país, especialmente gremiales y rentistas, pues consideraban que dicha el Proyecto iba a ser utilizado como un instrumento de persecución y congelamiento de activos.
Sin embargo, el 1ro de marzo del año en curso, el Presidente Luis Arce Catacora, envía a la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley de “Fortalecimiento a la lucha contra las ganancias ilícitas”, que a diferencia del proyecto del año 2019, elimina el concepto de Lucha contra el terrorismo, pero mantiene el mismo tenor de decomiso de bienes, sanciones económicas y privación de libertad como las penas impuestas en la norma.
Ante ello, el ejecutivo de los gremiales de Santa Cruz, Edgar Álvarez, explicó que el sector informal es el más perjudicado por esta medida, pues: “Hay delitos que están cazados con el tema tributario, el 82% de la población esta en el sector informal, muchos de ellos en el comercio. Y hay causales de decomiso y de incautación de bienes por la no explicación de dónde vienen estos recursos. Yo sé que los compañeros que han trabajado 20 o 30 años y que (nunca) en su vida han recibido capacitación tributaria, no han facturado, pero si han conseguido comprar su casa, sus bienes. Hay una gran mayoría que no tiene como justificar su ganancia (desde el ámbito tributario)…”
El ministro Iván Lima, en reunión de socialización con los gremialistas de la ciudad de El Alto, manifestó lo siguiente: “ El objeto de la ley es perseguir a los grandes criminales, a las organizaciones criminales, los traficantes, a alcaldes corruptos, exministros que le han robado al país y que están fuera de nuestras fronteras, estamos buscando adecuar la norma” , ante un auditorio repleto de gremiales quienes exhortaron a la autoridad anular la iniciativa.
El tratamiento del proyecto ha quedado suspendido mientras termina el proceso de socialización con los sectores. Mientras tanto, varios sectores incluido el Comité Cívico Pro Santa Cruz dieron plazo al gobierno hasta el domingo 16 de abril para el retiro del proyecto, caso contrario, las movilizaciones en las principales ciudades del país se darán desde el martes 18.
· PL – 219 - Proyecto de ley de compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionalesEl ejecutivo busca consensos para aprobar la ley del oro
Proyecto presentado por el Diputado Sandro Ramírez, el 13 de enero del presente año, e inmediatamente derivado a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas. Luego de varios debates y de sesiones sin consensos, el jueves 02 de febrero fue aprobada en comisión y remitida al plenario de la Cámara de Diputados, sin embargo, hasta la fecha no se instala el tratamiento debido a la falta de consensos entre los bloques “arcistas” y “evistas” de la bancada oficialista.
Por una parte, los diputados “arcistas” exigen su aprobación inmediata para poner en vigencia la ley, lo que significa autorizar al Banco Central de Bolivia – BCB, la compra de oro del mercado interno para el fortalecimiento de las reservas internacionales y efectuar operaciones financieras con las Reservas internacionales en oro en los mercados internacionales (Artículo 1)Para los diputados del bloque “evista” y las bancadas de oposición (Comunidad Ciudadana y CREEMOS), este proyecto pretende rematar los ahorros del Estado Plurinacional expresados en el factor oro. Haciendo un paralelismo, el senador Rodrigo Paz de Comunidad Ciudadana ha manifestado que el objetivo real es “vender las joyas de la abuela” para recaudar los dólares que en el país son escasos.
“ARTÍCULO 8.- (EXENCIÓN DEL IT Y TASA CERO DEL IVA). Las ventas de oro en el mercado interno destinadas exclusivamente a incrementar las reservas internacionales en el marco de la presente ley, están exentas del impuesto a las transacciones- IT y sujetas a la tasa cero del impuesto al valor agregado.
ARTÍCULO 9.- (OPERACIONES CON RESERVAS EN ORO). El Banco Central de Bolivia realizará operaciones en los mercados internacionales con las reservas en oro pudiendo comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertirlas en divisas a fin de optimizar la liquidez o el rendimiento de las reservas internacionales.”
Los acontecimientos suscitados en el país durante las ultimas semanas en torno a los proyectos de ley mencionados, dan cuenta de la dificultosa tarea de legislar sobre temáticas que involucran derechos fundamentales, como son la libertad de expresión y los derechos económicos. En estas situaciones, los legisladores y responsables políticos, deben trabajar con mayor cuidado y sensibilidad, leyendo los contextos políticos, pero principalmente evaluando si realmente existe la necesidad de cambiar o adaptar la normativa, sin poner en riesgo los derechos alcanzados y la estabilidad y confianza de la población en los órganos de poder, aspectos tan requeridos en momentos de reactivación económica.
